Otro aspecto clave en México es el efecto en la credibilidad pública hacia las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Policía Federal de Caminos. Programas como el alcoholímetro en puntos de control obligatorios basan de dispositivos ajustados para su efectividad, y cualquier anomalía podría debilitar la legitimidad de estas iniciativas, que han demostrado mitigar hasta un 30% los accidentes viales en áreas urbanas, según reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por ello, la ajuste no es solo un procedimiento técnico, sino una obligación ética y legal que asegura la imparcialidad en la aplicación de penalizaciones, resguardando tanto a los choferes sobrios como a la sociedad en general de los peligros del alcoholismo al volante.
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