Otro aspecto clave en México es el efecto en la confianza pública hacia las instituciones encargadas de la implementación de la regulación, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Policía Federal de Caminos. Iniciativas como el alcoholímetro en lugares de revisión obligatorios requieren de instrumentos ajustados para su funcionamiento, y cualquier fallo podría debilitar la legitimidad de estas iniciativas, que han evidenciado reducir hasta un 30% los siniestros viales en zonas urbanas, según estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por ello, la recalibración no es solo un servicio técnico, sino una obligación profesional y jurídica que asegura la justicia en la ejecución de penalizaciones, salvaguardando tanto a los conductores sobrios como a la población en general de los peligros del alcoholismo al volante.