Otro aspecto crucial en México es el efecto en la percepción pública hacia las instituciones encargadas de la implementación de la regulación, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Policía Federal de Caminos. Operativos como el alcoholímetro en lugares de inspección obligatorios requieren de equipos verificados para su funcionamiento, y cualquier fallo podría debilitar la confianza de estas acciones, que han demostrado disminuir hasta un 30% los incidentes viales en zonas urbanas, según reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por ello, la ajuste no es solo un mantenimiento técnico, sino una deber profesional y jurídica que asegura la imparcialidad en la aplicación de penalizaciones, protegiendo tanto a los choferes sobrios como a la población en general de los amenazas del ebriedad al volante.
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