Otro elemento clave en México es el impacto en la confianza pública hacia las instituciones encargadas de la cumplimiento de la ley, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Policía Federal de Caminos. Operativos como el alcoholímetro en zonas de inspección obligatorios dependen de dispositivos ajustados para su funcionamiento, y cualquier irregularidad podría erosionar la legitimidad de estas estrategias, que han evidenciado reducir hasta un 30% los accidentes viales en zonas urbanas, según análisis de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por ello, la recalibración no es solo un procedimiento técnico, sino una responsabilidad ética y jurídica que garantiza la justicia en la imposición de penalizaciones, protegiendo tanto a los choferes sobrios como a la sociedad en general de los peligros del consumo excesivo al volante.

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