Otro aspecto esencial en México es el impacto en la confianza pública hacia las instituciones encargadas de la implementación de la regulación, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Policía Federal de Caminos. Programas como el alcoholímetro en zonas de control obligatorios dependen de instrumentos verificados para su efectividad, y cualquier irregularidad podría debilitar la legitimidad de estas iniciativas, que han demostrado reducir hasta un 30% los siniestros viales en regiones urbanas, según reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por ello, la recalibración no es solo un procedimiento técnico, sino una obligación profesional y jurídica que certifica la equidad en la imposición de sanciones, resguardando tanto a los choferes sobrios como a la población en general de los peligros del ebriedad al volante.

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