Otro factor crucial en México es el impacto en la percepción pública hacia las dependencias encargadas de la aplicación de la normativa, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Policía Federal de Caminos. Programas como el alcoholímetro en puntos de revisión obligatorios requieren de instrumentos calibrados para su funcionamiento, y cualquier fallo podría debilitar la confianza de estas acciones, que han demostrado mitigar hasta un 30% los incidentes viales en zonas urbanas, según estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por ello, la ajuste no es solo un procedimiento técnico, sino una responsabilidad profesional y jurídica que asegura la equidad en la aplicación de penalizaciones, resguardando tanto a los automovilistas sobrios como a la sociedad en general de los amenazas del alcoholismo al volante.